El presidente de la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados, Mario Venegas, denunció un problema de foco en la iniciativa, que privilegia la postura de los gremios de taxistas por sobre el beneficio del usuario.
Un año y un mes lleva estancado en el Congreso el proyecto de ley que moderniza la legislación sobre transporte remunerado de pasajeros y que regulará, entre otras, a las plataformas tecnológicas de Uber y Cabify en el país.
Ingresado por los ministerios de Transportes y Hacienda el 25 de octubre de 2016, la iniciativa que hizo eco de las demandas de los taxistas tradicionales ha pasado ya por más de 20 urgencias impuestas por el Gobierno, sin embargo, se mantiene aún en su primer trámite legislativo en la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados.
Esta lentitud, según el diputado Mario Venegas (DC), presidente de la instancia, se debe a que no hay un real consenso entre los miembros de la Comisión respecto a las diferentes consideraciones que contempla el proyecto.
"Hay una fuerte presión de los gremios, que están permanentemente actuando sobre los integrantes de la Comisión, para básicamente modificar el proyecto original, poniéndole muchas restricciones al modelo de negocios que tienen estas empresas que usan plataformas tecnológicas", sentenció Venegas.
Eso, según el diputado, "ha influenciado a muchos parlamentarios de distintas bancadas y están muy atentos a dejar contentos a los gremios, lo que nos ha ido enredando".
"No hay entre los miembros de la Comisión una opinión consensuada, y ahí se provoca la incapacidad para avanzar en la aprobación de los artículos"
Para el parlamentario demócrata cristiano la tensión está en la positiva evaluación que los usuarios hacen de las aplicaciones como Uber y Cabify, en contraposición con la demanda de los taxistas de que sus conductores se regulen bajo las mismas restricciones que ellos.
"La gracia que tenía el sistema de las plataformas tecnológicas es que era un modelo de servicio distinto, moderno, más rápido, más barato. Y si le ponemos tantas regulaciones para que termine siendo casi la copia de lo que son los taxis tradicionales no habremos avanzado respecto de ofrecerles una alternativa a los consumidores", puntualizó.
Uber, taxistas y el Gobierno
El presidente de la Confederación Nacional de Taxistas de Chile (Confenatach), Luis Reyes, no descartó que el gremio esté realizando presiones para aumentar las restricciones a las plataformas tecnológicas.
De hecho, aseguró que no sería un error aplicarles a Uber y Cabify la misma modalidad por la que se rigen los taxistas. "El error estaría en que siguieran funcionando ilegalmente"
"Siempre la postura del gremio ha sido que ellos no tienen por qué estar funcionando ni autorizándose y ese proyecto de ley es de alguna manera para que ellos vuelvan a ser lo que fueron en su momento", lo que para Reyes significa enfocarse en un nicho de clientes de altos recursos, ofreciendo vehículos de alta gama y sin pago con efectivo.
Por su parte, el gerente de Asuntos Gubernamentales de Uber, Nicolás Sánchez, afirmó que desde la empresa "siempre hemos visto el proyecto de ley como algo positivo y como una oportunidad que tiene Chile para mejorar la movilidad de las personas, y también para generar un precedente de cómo en Chile se regulan todas las tecnologías que utilizan la economía colaborativa".
"Sin embargo, durante el transcurso del debate el proyecto se ha ido entrampando y a nuestro juicio porque muchos aspectos del proyecto original del Gobierno se han ido cambiando"
El ejecutivo señaló que una vez terminado el periodo de audiencias públicas, en el que todas las partes expusieron sus argumentos, las presiones de parte de los taxistas fueron en aumento.
"Esa presión lo que ha hecho es afectar la calidad del debate y el foco del debate. Han llevado a que ésta sea una discusión de una regulación tradicional de taxis y no lo que realmente implica regular plataformas tecnológicas. Han alejado el proyecto original", manifestó.
Sánchez añadió que "la fijación de cupos, el tema de los impuestos, el tema de regulación tarifaria, sencillamente lo que hacen es destruir un modelo de economía colaborativa".
En tanto, la ministra de Transportes, Paola Tapia, aseguró que "nuestra búsqueda ha sido nivelar las exigencias hacia arriba para que no sólo los usuarios tengan distintas alternativas, sino alternativas que estén autorizadas, que sean seguras".
"Nosotros no estamos por legislar a favor de una empresa determinada, estamos bien lejos de eso. Estamos por hacer una legislación objetiva, transparente y eficiente (...) Nos interesan los usuarios, que tengan alternativas, que las normas tengan la flexibilidad que estos servicios requieren", explicó la secretaria de Estado
La titular de Transportes reiteró que la discusión en el Congreso Nacional ha enriquecido el proyecto, las ideas ahí contenidas, ese es el debate que se debe dar, ese es el lugar donde debemos perfeccionar las normas".
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